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¿Qué es y qué significa AFO?

¿Qué es y qué significa AFO?

Estimado lector: El objetivo fundamental de este post no es otro que poner un poco de claridad y precisión terminológica sobre un tema  del que se habla con cierta frecuencia, PERO que (en realidad) más bien pocos saben  de que va este asunto y las consecuencia legales que puede acarrear.

Pues bien, dicho esto, vamos al tajo sin más demora ni retraso:

La expresión AFO se corresponde con las iniciales de Asimilado Fuera Ordenación.

En definitiva, esta figura jurídica permite regularizar (ojo, NO LEGALIZAR) edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable. En las ocho provincias andaluzas.

Con esta institución, AFO, Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación, la Junta de Andalucía facilita que en las edificaciones en las cuales ha (1) prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística, puedan los propietarios regularizar su situación siempre y cuando:

  • (2) tengan, al menos, seis años de antigüedad.
  • (3) NO estén afectadas por expedientes administrativos.
  • (4) NO se encuentren ubicadas en zonas inundables o de especial protección.

Por lo tanto, los propietarios de las viviendas que cumplan los cuatro requintos anteriores, podrán inscribir los inmuebles en el Registro de la Propiedad competente y acceder a los servicios básicos de luz y agua. Además de adoptar las medidas correctoras necesarias, conforme con los técnicos del ayuntamiento, que eliminen los impactos paisajísticos o ambientales que se hubieran podido producir, especialmente sobre los recursos hídricos.

 NORMATIVA LEGAL

A este respecto, la normativa de referencia, que debemos tener presente, es el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

    El régimen jurídico del Decreto 2/12, para la situación de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación, se caracteriza por dos notas básicas:

En primer lugar, las edificaciones siguen manteniendo su situación jurídica de ILIGALIDAD y, en consecuencia, su reconocimiento o tolerancia por la Administración lo será sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido su titular.

En segundo lugar, SE LIMITAN las obras autorizables a las exigidas para el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble; y, en lo que respecta a los servicios básicos, se establece que éstos se presten de forma autónoma, siempre que no se induzca la formación de un núcleo de población.

Bajo el término genérico de edificación se incluye, también, todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.

El reconocimiento por el Ayuntamiento, de que la edificación se encuentra en la situación de AFO, se produce por la emisión de la resolución correspondiente. Que, a la sazón, adopta la forma de un certificado, siguiendo para ello el procedimiento administrativo que marca el Decreto 2/12 referido.

Para acceder a este régimen AFO, se requiere, además, que la edificación pueda ser usada normalmente, es decir, por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad adecuadas para el uso al que se destina.

Y, aunque para este tipo de edificaciones NO procede conceder licencia de ocupación o utilización, (insistimos, dado su carácter ILEGAL) el referido Decreto 2/12 establece que en la propia resolución (CERTIFICADO) se especifique de forma expresa el reconocimiento de que la edificación puede ser usada.

   Procedimiento para el reconocimiento de AFO:

El procedimiento para el reconocimiento de las edificaciones se iniciará de oficio, esto es, a iniciativa del mismo Ayuntamiento; o mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación dirigida a dicha administración local, acompañada de la documentación, suscrita por personal técnico competente, que acredite los siguientes aspectos:

  1. Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
  2. Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que se relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
  3. Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.
  4. Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes

 

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